Por Nieves Espinosa Barajas. Abogada.
El protagonista de esta historia se llama Gabriel, es un hombre joven, extranjero, natural de Venezuela, sin ningún tipo de red familiar, y con residencia legal en España.
La historia se remonta, aproximadamente, al mes de abril del año 2016, cuando Gabriel, que disponía entonces de una autorización de residencia y trabajo temporal que le caducaba por esas fechas, se vio inmerso en un procedimiento administrativo que no repara en las circunstancias particulares de las personas que deben renovar sus autorizaciones de residencia, y mucho menos en los perjuicios que padecen las mismas durante el plazo de tramitación de dichas renovación, un auténtico “limbo” jurídico, en unos casos por desconocimiento, y en otros por la animadversión evidente de algunos funcionarios y empleados de distintos organismos.
Por esas fechas Gabriel perdió su pasaporte, un hecho que, en otras circunstancias, no le hubiera causado mayor trastorno que acudir a su Consulado y obtener uno nuevo.
Gabriel hizo en ese momento lo que debía hacer: en primer lugar poner una denuncia en la Comisaría de Policía por el extravío de su documento de identidad venezolano, y con la denuncia en su poder acudir al Consulado de Venezuela en España para solicitar la expedición de un nuevo pasaporte.
Y justo en ese momento comenzó su particular “calvario”: solicitó la expedición de un nuevo pasaporte, sí, pero en el Consulado venezolano le informaron que la entrega del nuevo pasaporte se iba a demorar, porque no disponían del papel necesario y no sabían cuándo les llegaría la partida, calculaban que unos meses.
Pues bien, con la copia de la denuncia y del justificante de la renovación del pasaporte, Gabriel solicitó la renovación de autorización de residencia y trabajo sin mayor problema, y tras aproximadamente cuatro meses, plazo aproximado de respuesta del Área de Inmigración, le fue concedida una autorización de residencia de larga duración (por 5 años), estatus que le otorgaba el derecho a residir y trabajar en España en las mismas condiciones que los españoles.
Pero lo que no había sido un problema para la oficina de extranjería, sí lo fue para la Brigada Provincial de Extranjería; cuando Gabriel acudió a la Oficina de Aluche a poner las huellas para que le expidieran su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), con la misma documentación que presentó a la oficina de extranjería acompañada de la Resolución en la que le concedían su autorización e residencia de larga duración, le denegaron el trámite, al no disponer de pasaporte en vigor.
Se solicitaron varias citas, y Gabriel acudió en al menos 3 ocasiones a distintas dependencias policiales, pero en todas ellas se encontró con la negativa a tomarle las huellas y expedirle la TIE. Los funcionarios de policía no daban ninguna validez a los distintos documentos que el Consulado de Venezuela le habían facilitado a Gabriel para acreditar que se encontraba “renovando” su pasaporte extraviado. De nada sirvieron las explicaciones de las dificultades por la que atravesaban todos los nacionales de Venezuela a la hora de renovar su documentación, y de las mafias que hacían su agosto a costa del sufrimiento de sus compatriotas; la policía española era conocedora de estos hechos, pero no se hacía nada para remediarlo.
A partir de ese momento, se presentaron sendas reclamaciones administrativas ante la Comisaría General de Extranjería y ante la Delegación del Gobierno, así como una queja ante el Defensor del Pueblo, sin ningún éxito, pues no se obtuvo respuesta alguna.
Gabriel acudía de vez en cuando al Consulado venezolano, pero allí sólo le informaban que el trámite iba a tardar, sin más explicaciones.
En el transcurso de los más de 2 años que ha tardado Gabriel en obtener su nuevo pasaporte, ha sido víctima de múltiples perjuicios derivados de la falta de documentación que acreditara su situación administrativa regular. Entre otros, y sólo a modo de ejemplo, el cierre de su cuenta bancaria, con la pérdida correspondiente del saldo que tenía en la misma; la empleada de la oficina bancaria llegó, incluso, a destruir la tarjeta de débito de Gabriel, con la que podía sacar dinero de su propia cuenta, al observar que su TIE estaba caducada; de nada sirvieron sus explicaciones de que su situación era regular, la empleada utilizó una artimaña para que Gabriel le mostrara la tarjeta, y en ese momento se la quitó de las manos y con unas tijeras la cortó en pedacitos.
Pero esto no fue lo más grave, Gabriel perdió su puesto de trabajo, y no ha podido acceder a ningún otro durante este tiempo, puesto que ningún empleador estaba dispuesto a correr el riesgo de contratar a una persona con su documentación personal caducada. Tampoco pudo inscribirse en el SEPE, y mucho menos cobrar la prestación por desempleo a la que tenía derecho, por los mismos motivos.
Y en esta situación de desamparo ha permanecido hasta que hace un par de meses su Consulado le ha hecho entrega, dos años y medio después, de su pasaporte, y por fin ha podido finalizar el trámite de huella y disponer de su TIE en vigor.
A pesar de la alegría que ha supuesto poner fin a este suplicio, nada devolverá a Gabriel el tiempo perdido, ni mucho menos compensará los perjuicios sufridos por la lentitud y las disfunciones de las Administraciones, tanto la Venezolana como la Española.