Madrid, 22 Enero 2010

ÁREA: ESPAÑA, SOCIEDAD.

ASOCIOANES DE INMIGRANTES CELEBRAN QUE EL ESTADO DE DERECHO SE HAYA IMPUESTO EN VIC

Las asociaciones de inmigrantes Aculco, Rumiñahui, Ari-Perú, Vomade, FEDROM, y Federación de Paraguayos en España, celebran que el Ayuntamiento de Vic cumpla con la legalidad y haya asumido el informe de la Abogacía del Estado para empadronar a inmigrantes no comunitarios.

La Abogacía del Estado remitió el pasado 20 de enero su conclusión jurídica al ayuntamiento de Vic, en la que recuerda a este consistorio la obligación de inscribir a los extranjeros en el padrón municipal, con independencia de que tengan o no residencia legal en territorio español. En consecuencia, dice el informe, "no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España".
 
Sin embargo, el alcalde de esta población catalana insistía en su empeño de enviar un mensaje “innovador” en la medida y que el impedimento de empadronamiento de inmigrantes se enmarcaba dentro de la ley de Extranjería, situación ésta fuera de la realidad: “'Acatamos, aunque no estamos de acuerdo, con esta decisión, como dijimos al principio, y aquí se termina el problema', aseguró.

En este sentido, desde las entidades de inmigrantes entendemos que el Estado de Derecho se ha impuesto a favor de los más indefensos y esperamos que el alcalde de Vic, termine compartiendo la posición gubernamental, y entienda que negar el empadronamiento de una persona supone la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la salud y a la educación.

Sin embargo, vemos con mucha preocupación cómo se utiliza desde diversos frentes políticos, un asunto tan delicado y sensible para convertirlo en arma arrojadiza y, nos tememos, que esta reactivación oportunista en contra de la migración, merme la convivencia entre nacionales y extranjeros. Asimismo, esperamos que los representantes de Vic cambien de rumbo su discurso frente a la inmigración y eliminen referencias al “efecto llamada” que supondría empadronar a todos los inmigrantes; cuando, más bien, dicha medida lo que consigue es hacer efectivos derechos inalienables de la persona.

Por tal motivo, y gracias a este precedente constitucional, recomendamos al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y otros consistorios como Salt, Reus, Tortosa, Ceuta, Melilla, que reconsideren sus casos, y eliminen las trabas que imponen al empadronamiento de inmigrantes; tales como no empadronar a inmigrantes que tengan visado de turista o aquellas que exigen límites de espacios habitables en sus viviendas.

Señalar además, que tenemos intención de constituirnos como Observatorio Permanente para la vigilancia de los derechos fundamentales de las personas migrantes, establecidos en los distintos tratados y normativas de España en particular, y de la Unión Europea, en general.

Recordamos que impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular bordea toda ilegalidad jurídica, ya que, tanto la Ley de Extranjería en su artículo 6.3, como la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 16.2, obliga a todos los Ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos, independientemente de su situación administrativa, al justificar su domicilio habitual y dando a conocer sus datos personales, así como la actualización relativa de los mismos.